“Después de fumar dos porros y meterte cuatro rayas, te puedes ir a casa tranquilamente”: indignación de los sindicatos de policía ante la orden que permite consumir drogas en un coche parado

Una orden ministerial sobre el consumo de drogas en coches aparcados ha encendido todas las alarmas entre policías y guardias civiles. La nueva instrucción del Ministerio del Interior, basada en varias sentencias del Tribunal Supremo y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, impide sancionar con la ley de seguridad ciudadana a quienes consuman o porten estupefacientes dentro de un vehículo particular estacionado.

Las denuncias se basaban en el artículo 36.16 del citado texto legislativo, que tipifica como infracción grave -con multas que parten de los 600 euros- “el consumo o tenencia ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos”. Sin que se pueda considerar como domicilio un vehículo privado, es “un espacio privado protegido con cierto grado de intimidad”. De ahí que Interior pida a los agentes que no multen si el automóvil no circula y está bien aparcado.

La orden se basa en varias sentencias del Tribunal Supremo y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional

Esta orden ha sido recibida con una mezcla de estupor y enfado por parte de los sindicatos policiales. La ven como un retroceso en la lucha contra la droga y una señal preocupante para la seguridad vial. “Después de fumarte dos porros y meterte cuatro rayas, te puedes marchar a casa tranquilamente. Y si por el camino matas a alguien, que les pidan explicaciones a Interior”, resume gráficamente un comunicado del Sindicato Unificado de Policía (SUP), cuya crítica refleja el malestar generalizado ante una medida que consideran peligrosa e irresponsable.

Según el SUP, esta instrucción “puede derivar en tragedias en carretera”, alertando sobre las consecuencias que podría tener permitir que los conductores reanuden la marcha bajo los efectos de las drogas.

Otras organizaciones comparten la indignación. Jupol, uno de los sindicatos más representativos de la Policía Nacional, ha alertado sobre el “impacto legal” que esta instrucción podría tener en la seguridad vial. Según la organización, esta medida no solo amenaza la protección de los conductores y peatones, sino que también incrementa la sensación de impunidad entre los infractores, lo que podría aumentar la siniestralidad en las carreteras.

La medida debilita la acción policial y puede incrementar la siniestralidad en las carreteras

La Confederación Española de Policía (CEP) también ha criticado duramente la nueva normativa. Advierte que abre la puerta a que “cualquier conductor se drogue a plena luz del día” en presencia “incluso de menores de edad, sin que ello provoque consecuencia alguna”. Una situación que podría generar un clima de inseguridad en las calles.

Desde la Guardia Civil, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también ha expresado su rechazo rotundo a la instrucción, señalando que crea un “vacío legal” que impide a los agentes actuar de manera efectiva. Según AUGC, el hecho de que los vehículos particulares estén ahora considerados como un espacio protegido refuerza la impunidad en torno al consumo de drogas y debilita la seguridad ciudadana.

La instrucción, asegura el sindicato de los guardias civiles, convierte a los coches estacionados en “espacios de impunidad”, donde los infractores pueden consumir estupefacientes sin temor a ser sancionados, siempre y cuando no haya tránsito ni transporte colectivo involucrado.

La nueva instrucción pone en riesgo la seguridad de los menores, denuncian los sindicatos policiales

Además Jucil, otra de las grandes asociaciones de la Guardia Civil, ha hecho un llamamiento a la rectificación inmediata por parte del Ministerio del Interior. En su comunicado, muestran una especial preocupación por los menores, quienes podrían verse expuestos al consumo de drogas normalizado en espacios públicos como los vehículos, sin que los agentes puedan intervenir para evitarlo.

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Para esta organización, el consumo de estupefacientes es un problema de salud pública de primer orden, estrechamente relacionado con el incremento del narcotráfico. “A más consumo, más narcotráfico”, subrayan, añadiendo que esta nueva instrucción parece minimizar los riesgos asociados al tráfico de sustancias ilícitas.

Por su parte, los Mossos d’Esquadra no han querido hacer ninguna valoración oficial de la orden emitida por el Ministerio del Interior, a pesar de la polémica generada.